Tres incendios y nuevas ocupaciones territoriales enfrentan al Gobierno nacional y al provincial sobre la intervención del Estado.
Benetton. Lewis. Arabela. Pogliano. El agua y la tierra no se venden, se defienden”, se leía en uno de los folletos anónimos encontrados tras el incendio del club andino de una ciudad de la Patagonia argentina diez días atrás. Fue el tercer fuego intencional de los últimos meses, que las autoridades provinciales de Río Negro atribuyen a extremistas mapuches y han denunciado ante la Justicia como delitos terroristas. Estos incendios y nuevas ocupaciones de terrenos estatales por parte de comunidades indígenas han reavivado la tensión en la Patagonia argentina por los conflictos vinculados al acceso a la tierra y se han colado la campaña electoral por las legislativas del próximo 14 de noviembre.
“Mi más enérgico repudio contra el ataque incendiario al Club Andino Piltriquitrón de El Bolsón. No vamos a avalar ningún tipo de violencia en Río Negro, que ponga en peligro la vida de las personas y destruya las instituciones”, declaró la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras al día siguiente del incendio. En lo que va de mes, también han sido quemados el nuevo Centro de informes turísticos de esta ciudad patagónica y las instalaciones de Vialidad rionegrina en Bariloche.
La gobernadora ha denunciado también de la ocupación de tierras en una zona rural a las afueras de El Bolsón conocida como Cuesta del Ternero. A mitad de septiembre, la comunidad Quemquemtreu ocupó un terreno estatal cedido a manos privadas para la explotación forestal. La policía desalojó a quienes se habían instalado en el predio, pero un grupo volvió a entrar.
Las autoridades optaron entonces por sitiarlos para forzarlos a retirarse, una estrategia que ha motivado la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de un pedido de informes al Estado argentino. “Están rodeados por policía sin que puedan ingresar alimentos ni ropa de abrigo, supone una violación de los derechos humanos”, denuncia Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro.
Para Carriqueo, las autoridades criminalizan a las comunidades indígenas por reclamar su derecho a habitar tierras reconocido desde 1994. “Entran y se resisten a que los saquen de un territorio abandonado por una empresa forestal que tiene la concesión pero de ninguna manera es dueña de la tierra. ¿De qué violencia hablan? La mayoría de las comunidades ha sufrido violencia institucional. Han matado o engañado a gente para quedarse con sus campos, han vendido tierras con personas dentro y después los han corrido con la policía”, subraya.
En la Patagonia, que abarca un área de más de 930.000 kilómetros cuadrados (equivalente a diez veces el territorio de Portugal) en el sur del país, casi 150.000 personas se autorreconocieron como descendientes o pertenecientes a un pueblo originario en el último censo, lo que representa el 6,9% de la población patagónica, casi el triple que el promedio nacional (2,4%). Esta minoría asegura que existe una doble vara. “Mientras hay comunidades que reclaman por 30 hectáreas y son cuestionadas, Joe Lewis tiene todo un lago y Benetton tiene un millón de hectáreas, no hay una misma mirada sobre los territorios ni las personas”, agrega Carriqueo.
Con la reforma de la Constitución en 1994, Argentina reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, ordenó garantizar el respeto a su identidad y regular la entrega de otras aptas y suficientes para su desarrollo humano. “Jamás pasó eso. ¿Por qué no? Porque hay un aparato judicial corrupto, parcial y racista”, asegura el lonko Mauro Millán. “Ante esta realidad salimos a hacer un proceso de recuperación de tierras de hecho para las futuras generaciones”, continúa. A su juicio, las tierras ocupadas por la comunidad de Quemquetreu ponen también de relieve la depredación ambiental del monocultivo de pino en el lugar porque “afecta la frágil biodiversidad de la Patagonia y seca las capas subterráneas de agua”.
La escalada del conflicto pone en una situación incómoda al Gobierno de Fernández, que quiere evitar desalojos violentos como los que en 2017 se cobraron las vidas de Santiago Maldonado, que se ahogó en un río cuando era perseguido por policías y permaneció desaparecido 77 días, y Rafael Nahuel, mapuche fallecido de un disparo por fuerzas de seguridad que entraron en tierras ocupadas a orillas del Lago Mascardi.
Para el Gobierno, la responsabilidad de la seguridad recae en manos de las autoridades provinciales y debe resolverse mediante el diálogo y sin convertirse en una herramienta electoral. Sin embargo, el opositor Juntos por el Cambio, fortalecido por su victoria en varias de las provincias patagónicas en las primarias del pasado 12 de septiembre, critica el “abandono del Estado nacional” a los vecinos.