Como si estuviera todo sincronizado sin disimulo, después del fallo de la Sala III de la Cámara de Casación Penal Federal que la semana pasada dispuso reabrir una causa que ya había sido cerrada dos veces, la empresa Socma de la familia Macri –que controla al Correo Argentino– pidió siete páginas de medidas para investigar a la fiscala Gabriela Boquin con el caso de la quiebra en pleno trámite. Boquin fue quien detectó en 2016 y luego denunció, el intento del gobierno de Mauricio Macri para licuar la deuda que la empresa postal mantiene con más de 700 acreedores, entre ellos el Estado Nacional, desde hace dos décadas. Pero, además, en su último dictamen ante la Cámara Comercial desnudó fraudes y falsedades de la firma en el concurso de acreedores, como las maniobras de vaciamiento y la presentación de avales truchos para simular que tenía un respaldo a su oferta de pagar con suerte una quinta parte de su deuda real. El apriete liso y llano no sólo está dirigido a ella sino también contra el actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, encargado de defender el interés estatal en el expediente por la deuda, contra Ricardo Nissen, el titular de la Inspección general de Justicia (IGJ), organismo que documentó irregularidades, y contra la exprocuradora Alejandra Gils Carbó.
La causa iniciada por Socma y el tipo de medidas que pide no tienen precedentes: quieren investigar los llamados telefónicos de todas las líneas utilizadas por Boquin y el resto de las personas a las que busca involucrar y pide especial atención en las fechas de sus dictámenes. También requiere una pericia sobre mensajes de texto y whatsapp de ellos y ellas, así como analizar todos sus correos electrónicos. Quieren estudiar sus computadoras y hasta piden los proyectos de dictámenes, memoriales y cualquier documento relacionado con el Correo. La lista incluye un pedido para que declaren como testigos el exministro de Justicia Germán Garavano, el exsenador y ahora auditor general de la Nación Miguel Angel Pichetto, porque dijeron que había una «persecución política» en el caso del Correo. Buscan un análisis del sistema informático para saber cómo se designó a la interventora de la empresa. Quieren la declaración de los síndicos, que siempre trataron de beneficiar a la empresa y hasta saber cómo fue el estudio de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración, que llevó a Boquin a concluir que el Correo y el gobierno de Macri intentaron un acuerdo ruinoso y abusivo para las arcas públicas. Lo perverso en relación al pedido sobre la DATIP es que preguntan quién hizo el estudio, cuando en tribunales todo el mundo sabe fue una investigación de Judith König, quien falleció recientemente, una funcionaria que hizo escuela en la investigación de los responsables empresariales del terrorismo de estado, y también en casos de corrupción de todos los tiempos.
Esta presentación fue realizada ante el juez Sebastián Casanello, quien dos veces falló que no había delito en este expediente y que había que cerrarlo. Lo mismo consideró el fiscal Carlos Rívolo, y lo mismo dijo la Cámara Federal con los votos de Roberto Boico y Eduardo Farah. Los Macri apuntan a instalar que hubo un complot contra sus empresas. Farah advirtió que es una tendencia llevar a los tribunales cuestiones «que hacen exclusivamente a la política» y que tienen su «ámbito de debate público» en otro lado, no en los juzgados. Un dato llamativo es que Zannini no era procurador del Tesoro cuando estalló el escándalo detectado por Boquin. Es más, el papel activo de esa dependencia en este caso respondió a una puesta en escena de Mauricio Macri cuando dijo que el caso volvería a «fojas cero» . Por entonces sacó de ese puesto a Carlos Balbín y puso a Bernardo Saravia Frías, cuyo estudio había representado Socma. Nissen tampoco estaba en la IGJ.
Casación cambió todo la semana pasada cuando dijo que había que reabrir la investigación con un argumento provocador, teniendo en cuenta que ya varios tribunales en otros casos han advertido sobre causas iniciadas sin existir delito alguno que juzgar, en especial contra Cristina Kirchner. Casación sostuvo que «lo relevante no consiste en poder afirmar la inexistencia de delito sino estar en condiciones de negarlo con certeza». No es menor el detalle de quiénes firmaron esta sentencia y volvieron a abrir las puertas a la ofensiva macrista: uno es Mariano Borinsky, el camarista denunciado por sus visitas frecuentes a Macri a la quinta de Olivos y la Casa Rosada cuando debía tomar decisiones de interés de ese gobierno, su colega Juan Carlos Gemignani, con graves denuncias pendientes por violencia de género ante el Consejo de la Magistratura, y Eduardo Riggi, uno de los casadores nombrado en los noventa, denunciado en una presunta trama de corrupción y sobornos en la investigación del asesinato de Mariano Ferreyra.
La decisión de Casación tampoco salió de la nada ni en cualquier momento sino seis días después que dos juezas de la Cámara Comercial –la subrogante María Elena Suzal y Matilde Ballerini, con la disidencia de Guadalupe Vásquez– decidieran dejar en suspenso la revisión de la quiebra del Correo hasta que la Corte Suprema resuelva un pedido de Socma/Correo para que intervenga el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ), o sea la corte porteña. Lo que pretenden los Macri es que una corte local revise lo que hace la justicia comercial nacional. Le han pedido puntualmente que saque a la fiscala Boquin y en su momento a a la jueza Marta Cirulli, quien dictó la quiebra.
El procurador Zannini apeló este martes esa resolución: señaló la «arbitrariedad» de la cámara y advirtió sobre «la gravedad del daño que provoca no sólo al Estado sino al conjunto de los acreedores a los que se somete a una nueva demora que se suma a la insólita duración de este proceso», que lleva más de 20 años, en los que la firma sigue sin pagar. Zannini había pedido también la extensión de la quiebra a Socma, empresa solvente que podría hacerse cargo de la deuda. Es probable que en los próximos días apele Boquin también la decisión de la Cámara. La paradoja es que todo iría también a la Corte Suprema, que tiene la discusión por la competencia desde mediados del año pasado sin resolver.
El paso del tiempo es todo a favor de los Macri. La proliferación de decisiones y acusaciones busca cambiar el foco y que la Cámara no trate la infinidad de fraudes y maniobras denunciados por la fiscala Boquin cuando respaldó la quiebra, donde incluso explicó las falsedades instaladas en los medios por el propio Macri, las estrategias para vaciar la empresa y los avales truchos presentados para que se les aprobara una oferta de 1000 millones de pesos que ellos presentaban como el 100 por ciento adeudado, pero era apenas una porción. El 2016 ofrecían pagar una suma absurda a 33 años. Ahora ofertaban pagar, por ejemplo, con una tasa de interés 60 veces menor que la existe en los bancos al pedir un préstamo.
Todos los movimientos recientes, que buscan amedrentar a las partes que apuestan a que la empresa pague y manipular expedientes, demuestra que en la trama de intereses donde se combinan el aparato judicial, la política y los medios, siempre hay un enorme objetivo económico. A veces, como en este caso, se nota más.