Ayer lunes, los estudiantes de la UBA decidieron tomar la Facultad de Psicología y la de Filosofía y Letras como medida de fuerza contra el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Además, se oponen al arancelamiento a estudiantes extranjeros que propone el Gobierno nacional.
La decisión fue tomada en las últimas horas por los estudiantes después de que fracasara la reunión entre el Gobierno y los gremios universitarios, en donde el oficialismo le ofreció a los sindicatos un aumento de 6,8% a los sueldos del sector, pero la misma fue rechazada.
Ante ello, los alumnos votaron a favor de la medida. “Paro general y plan de lucha hasta ganar”, gritaron los alumnos luego de la votación. Según informaron, la toma será por 48hs y finalizará el miércoles 9 de octubre a las 10, día en que la Cámara de Diputados comenzará a tratar el veto presidencial en el recinto.
En tanto, indicaron que durante la toma, se desarrollarán clases públicas no obligatorias y otras actividades en los edificios para concientizar sobre los perjuicios del veto presidencial contra el normal funcionamiento de las universidades. De este modo, se cancelarán las actividades académicas y administrativas presenciales.
Por su parte, tras el encuentro, en donde los sindicatos rechazaron la oferta presentada por el Gobierno, el Ministerio de Capital Humano decidió otorgarle un aumento de 6,8% a los sueldos del empleados del sector. “Se otorgará el mayor aumento acumulado a este mes dentro del Estado Nacional, en consonancia con el compromiso asumido de priorizar el salario y no las disputas políticas”, aseguraron desde la cartera a cargo de Sandra Pettovello.
Asimismo, se confirmó que activarán la Garantía Salarial Docente para las categorías más bajas contempladas dentro de la escala docente. Este era en particular uno de los pedidos realizados desde el PRO para acompañar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario en la sesión de la Cámara baja.
Por último, la ley vetada por el líder de La Libertad Avanza proponía actualizar las partidas para los gastos de funcionamiento incluidas en el Presupuesto 2023, prorrogado por el Gobierno, según la inflación acumulada de ese año y aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.