Alberto Fernández se refirió a la decisión de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi: «Pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación».
El presidente Alberto Fernández cuestionó el día miércoles el fallo de la Cámara Federal porteña que concedió la excarcelación de los cuatro miembros de Revolución Federal detenidos en el marco de la causa en la que se los investiga por supuesta incitación a la violencia colectiva.
Fernández escribió en su cuenta de Twitter que «una vez más, la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional».
El mandatario refirió que «pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación», Cristina Fernández de Kirchner.
Fernández enfatizó que «los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi deberían estar solo en los tribunales para los cuales concursaron».
«Solo una maniobra ilegal (que es un secreto a voces) del ex presidente Mauricio Macri, que ordena a los Consejeros de la Magistratura que le responden bloquear el concurso para designar a quienes deberán ocupar legítimamente las vacantes que hoy usurpan los jueces citados, hace posible esta arbitrariedad», amplió el jefe de Estado.
Según Fernández, «la Corte Suprema debe intervenir para hacer cumplir su propio fallo», y concluyó: «Ojalá tenga la misma celeridad que tuvo para para imponer a su presidente al frente del Consejo de la Magistratura.
La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Mariano Llorens, Bruglia y Bertuzzi, dispuso el martes la excarcelación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, cuatro miembros de Revolución Federal que desde mayo de este año participaron en manifestaciones o difundieron consignas violentas.
Los jueces de la Sala I del tribunal de apelaciones sostuvieron que no hay elementos para sostener que su libertad pueda poner en riesgo la investigación judicial por la que ya fueron indagados.
A través de cuatro fallos, uno por cada imputado, los camaristas revocaron la decisión del juez federal que lleva la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, quien había rechazado excarcelarlos por considerar que podían entorpecer el curso de la causa.
Los cuatro miembros de Revolución Federal estaban detenidos desde el 20 de octubre pasado por orden del juez Martínez de Giorgi, a instancias del fiscal Gerardo Pollicita.
«Creemos necesaria la aplicación de alguna medida que asegure su sujeción al proceso, debiendo el a quo (el juez) seleccionar aquellas restricciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en la normativa procesal vigente, siempre procurando que su imposición no torne ilusorio el derecho concedido», sostuvieron los camaristas.
Las medidas que disponga el juez para garantizar la sujeción de los imputados al proceso podrían ir desde una orden de comparecer al tribunal con cierta periodicidad o la retención de sus pasaportes, entre otras, hasta la colocación de una tobillera electrónica con GPS.
La fiscalía que investiga a los miembros de Revolución Federal consideró que se montó un «esquema delictivo» para «imponer» ideas y «combatir las ajenas por la fuerza y el temor», y que eso sembró en la sociedad la escalada de «violencia y odio», cuyo «acto más trascendente» resultó ser el intento de homicidio de la Vicepresidenta, el 1 de septiembre último frente a su domicilio de calles Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta.
No obstante, la jueza que investiga el atentado, María Eugenia Capucheti, y sus superiores consideran que no hay conexión entre ambos expedientes y siguen tramitando por separado.
Morel y Basile rechazaron cualquier tipo de vínculo con el intento de homicidio contra Fernández de Kirchner al pedir la excarcelación, y las defensas de ambos expusieron en audiencias ante la Cámara Federal porteña, en tanto Sosa y Guerra presentaron escritos en los cuales también solicitaron quedar libres, a la vez que ampliaron desde la cárcel sus declaraciones indagatorias y negaron las acusaciones en su contra.
Por su parte, la querella de la Vicepresidenta también se presentó por escrito para reclamar que se rechazara excarcelar a los cuatro referentes de Revolución Federal.
