Este martes, Unidad Popular junto al Observatorio por el Derecho a la Ciudad, la CTA autónoma nacional y ATE, presentaron una denuncia penal contra el presidente de la Nación, Javier Milei y demás funcionarios que resulten responsables, por «la posible comisión del delito de Abuso de Autoridad».
Según se detalló en un comunicado oficial, difundido en esta jornada, el abogado, Jonatan Baldiviezo (Observatorio del Derecho a la Ciudad), Claudio Lozano (presidente de Unidad Popular), Hugo Ernesto “Cachorro” Godoy, (secretario general del CTA Autónoma Nacional) y Rodolfo Aguiar, (secretario general de ATE Nacional) presentaron una denuncia penal contra el Jefe de Estado la cual quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2 a cargo del doctor, Sebastián Ramos bajo el número de expediente CFP 4565/2023.
Por su parte, Lozano sostuvo: “Demoler los ingresos populares derrumbando la actividad económica y transformar la Argentina en un negocio para pocos, requiere de autoritarismo y represión. Ese es el camino que ha tomado el Presidente de la Nación con el Protocolo antipiquete, el Mega DNU y la no presentación del Presupuesto 2024. La denuncia penal intenta frenar el intento de arrogarse la suma del poder público”.
En esta línea, en el Objeto de la demanda se solicitó: «Interponer formal denuncia penal contra el Presidente de la Nación, Sr. Javiel Milei y demás funcionarios que resulten responsables, por la posible comisión del delito de Abuso de Autoridad, previstos y reprimidos en el art. 248 del C.P., del delito de Usurpación de Autoridad (art. 246, inc. 3, del C.P.) y del delito tipificado en el art. 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al presidente en una posición de supremacía por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su gobierno».
En tanto, los funcionarios citados advirtieron que «de las leyes que deroga el DNU 70/2023 surge de forma manifiesta que este DNU no tiene por objetivo afrontar la solución coyuntural y transitoria de una situación de emergencia en circunstancias excepcionales sino establecer un nuevo rumbo social y económico para el país de forma permanente».
«La envergadura de este paquete normativa equivale a afirmar que el Poder Ejecutivo se ha arrogado facultades extraordinarias y facultades equivalentes a ejercer la suma del poder público».
