El Gobierno apeló el fallo de la Cámara del Trabajo que suspende el capítulo laboral del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, a través de un recurso extraordinario presentado por el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra.
Desde el Ejecutivo argumentan que la CGT no tiene legitimidad para presentar el amparo que obtuvo un fallo favorable.
Los jueces de la Cámara José Alejandro Sudera y Andrea E. García Vior votaron a favor del pedido que realizó la Confederación General del Trabajo (CGT) y la jurista María Dora González se opuso y pidió girar el documento a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para definir la competencia.
Los jueces de la Cámara José Alejandro Sudera y Andrea E. García Vior votaron a favor del pedido que realizó la Confederación General del Trabajo (CGT) y la jurista María Dora González se opuso y pidió girar el documento a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para definir la competencia.
El Gobierno apeló el fallo de la Cámara del Trabajo que suspende el capítulo laboral del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, a través de un recurso extraordinario presentado por el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra.
Desde el Ejecutivo argumentan que la CGT no tiene legitimidad para presentar el amparo que obtuvo un fallo favorable.
Los jueces de la Cámara José Alejandro Sudera y Andrea E. García Vior votaron a favor del pedido que realizó la Confederación General del Trabajo (CGT) y la jurista María Dora González se opuso y pidió girar el documento a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para definir la competencia.
En ese momento, el tribunal de feria hizo lugar al pedido de la CGT, que había apelado una resolución de primera instancia, y dispuso el dictado de una medida cautelar hasta tanto se analice la cuestión de fondo vinculada al análisis de constitucionalidad de la reforma realizada mediante un DNU.
«La verdad es que nos cuesta comprender algunas cuestiones que van en contra de la libertad de los propios trabajadores», había considerado Manuel Adorni, vocero presidencial, en el momento en que se conoció el fallo y había mencionado entre otros aspectos incluidos en el DNU la «retención forzosa de los aportes de los trabajadores a los sindicatos», la eliminación de «penalidades para el empleador en el caso de relaciones laborales mal registradas» y la externa.
Decisión del período de prueba de tres a ocho meses, «fomentando la creación de puestos de trabajo».
