Mientras el Gobierno nacional puso en marcha un programa federal para detectar y bloquear dispositivos móviles en establecimientos penitenciarios, una denuncia judicial expuso una presunta red clandestina de acceso a Internet mediante antenas satelitales dentro de la Unidad 31 de Florencio Varela.
La situación quedó bajo investigación de la Fiscalía N.º 9 de Florencio Varela, a partir de una presentación que señala que en el Pabellón 1 del penal funcionarían al menos tres antenas de Starlink. Según la denuncia, el acceso a la conexión no sería gratuito: los internos encargados del sistema cobrarían entre $30.000 y $40.000 mensuales a cada detenido.
Una disputa por el control de Internet:
De acuerdo con el escrito presentado ante la Justicia, el control de las conexiones habría generado un conflicto cuando dos internos adquirieron una tercera antena con la intención de brindar Internet a un precio menor.
El intento de romper el supuesto monopolio habría desencadenado agresiones físicas contra quienes impulsaban la nueva conexión. La denuncia también menciona posteriores maniobras destinadas a trasladar a los internos involucrados hacia otros sectores del establecimiento.
Las acusaciones forman parte de una presentación más amplia, que involucra a internos y funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense y denuncia un presunto esquema de control y recaudación dentro del pabellón. La Justicia deberá determinar cuáles de los hechos denunciados pueden ser acreditados.
El nuevo desafío para los controles penitenciarios
El caso adquiere particular relevancia luego de que el Gobierno nacional publicara la Resolución 806/2026, mediante la cual creó el Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en establecimientos penitenciarios.
La norma, publicada el 25 de agosto en el Boletín Oficial, busca detectar y bloquear dispositivos de comunicación móvil utilizados dentro de las cárceles y contempla la adhesión de las provincias al sistema. El objetivo declarado es impedir que organizaciones criminales puedan utilizar teléfonos para planificar o coordinar maniobras ilícitas desde los establecimientos penitenciarios.
Sin embargo, el caso de la Unidad 31 plantea un escenario diferente: el acceso a Internet denunciado no dependería exclusivamente de las redes de telefonía celular, sino de conexiones satelitales, lo que abre nuevos interrogantes sobre los mecanismos de control y sobre cómo ingresaron y fueron instalados esos equipos dentro del penal.
Por el momento, la existencia de las antenas, el esquema de cobros y las responsabilidades de internos y eventuales funcionarios involucrados son materia de investigación judicial. La denuncia también plantea interrogantes sobre los controles internos que permitieron el ingreso y funcionamiento de los equipos tecnológicos en el establecimiento
